Las tecnologías inalámbricas han permitido en los últimos años la proliferación de redes de telecomunicaciones en hogares, empresas y espacios públicos. Pero esta misma tecnología posibilita que se conecten a internet no sólo las personas autorizadas dentro de la red, sino también otras ajenas a ella.
En Reino Unido, este 'robo' se considera ilegal porque incumple las leyes de Comunicación y de Abuso de los ordenadores. Ya en 2005 se confirmó la primera condena por una infracción de este tipo: doce meses de libertad condicional y multa de 500 libras (736 euros).
A finales del mes pasado, Scotland Yard lanzó una seria advertencia a los internautas con la detención de un hombre que, sentado con su portátil en el exterior de una vivienda, dijo que estaba utilizando la conexión inalámbrica a internet de una casa cercana. La policía británica aseguró entonces que iba a investigar cualquier posible infracción relacionada con este tipo de robo.
Leyes más estrictas en Estados Unidos
En Estados Unidos, la ley es mucho más severa. El estado de Michigan contempla una condena de cinco años de cárcel y una multa de 10.000 dólares (7.260 euros) por acceder ilegalmente a una red informática. En mayo de este año, un ciudadano estadounidense fue multado por utilizar desde su coche la conexión inalámbrica de una cafetería, reservada para uso de los clientes.
En este caso, el hombre tuvo suerte ya que juez le redujo la condena al considerar que no era consciente de que estaba incumpliendo la ley. Sólo tuvo que pagar 400 dólares (290 euros) de multa y dedicar 40 horas a trabajos comunitarios.
En España no es delito
Pero robar la red inalámbrica del vecino, ¿es también delito en España? El abogado Ignacio Vela, del despacho Cremades Calvo Sotelo, considera que no. "Con la legislación vigente, sería muy difícil condenar a una persona por estos hechos".
José Antonio Suárez, experto en nuevas tecnologías, coincide con él y apunta que distinto es "que alguien localice una red abierta intencionalmente, lo cual es perfectamente permisible". Esto ocurre en muchos establecimientos, como hoteles o cafeterías, que ponen sus redes a disposición del público, por lo que desde el exterior del edificio cualquiera puede acceder a internet.
Pero si se trata de una red privada estamos, según Suárez, ante "una intromisión en el espacio privado". En estos casos, los artículos que podrían aplicarse serían el 256 y el 286 del Código Penal.
El problema es que estos artículos estaban destinados en un principio a delitos relacionados con la televisión digital para penar, por ejemplo, el uso de tarjetas pirata con las que ver canales de pago. Por ello, dice Vela, "es muy difícil aplicarlos hoy en día a las redes inalámbricas".
La importancia de adoptar medidas de seguridad
Ninguno de los abogados conoce casos de denuncias o detenciones en España Ninguno de los abogados conoce casos de denuncias o detenciones en España pero ambos insisten en la necesidad de que los titulares de redes inalámbricas habiliten medidas de seguridad para evitar el acceso de intrusos.
De lo contrario, podría establecerse que el acceso no autorizado se ha realizado porque no se han adoptado unas "medidas mínimas de precaución", aunque esto, explica Suárez, "sería jurídicamente neutral, es decir, no tendría consecuencias negativas para el titular de la red".
Sin embargo, continúa Suárez, "si una persona viola la encriptación de una red, entra en una conducta ilegal, sin paliativos. Y si, además, se apropia de información privada, independientemente de si la red está abierta o encriptada, estaríamos ante un delito tipificado por el Código Penal".
El principal problema en el derecho penal es la prueba. Si se trata de una red con seguridad habilitada y se detecta un intruso, se puede levantar un acta notarial para utilizarla como prueba en un juicio.
Fuente: http://www.adn.es
